En una pregunta por escrito dirigida al Gobierno, la diputada de La Izquierda Plural Laia Ortiz señala que el uso militar de drones está regulado, mientras que su uso civil para mejorar la agricultura, inspeccionar las líneas de alta tensión o prevenir los incendios forestales no se encuentra legislado.

En la iniciativa parlamentaria de la diputada Ortiz, a la que tuvo acceso Servimedia, se critica está situación y se pregunta al Ejecutivo si tiene previsto realizar modificaciones legales para acabar con la prohibición de la utilización de los drones en el apartado civil.

La parlamentaria señala, además, que el Gobierno debe ser consciente de que “cualquier dilación” en la regulación de industrias emergentes, como pueda ser la aeronáutica, “puede condenar a las empresas españolas a quedarse atrás en unas áreas de mucha competencia y, en consecuencia, a perder otra oportunidad de crear empleo y riqueza en España”.

Ortiz señala que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que depende del Ministerio de Fomento, y que es la responsable de controlar que el uso de aeronaves tripuladas por control remoto en España, recoge la prohibición del empleo de drones en el ámbito civil.

A este respecto, este organismo establece que “no está permitido, y nunca lo ha estado, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto con fines comerciales o profesionales, para realizar actividades consideradas trabajos aéreos, como la fotogrametría, agricultura inteligente, reportajes gráficos de todo tipo, inspección de líneas de alta tensión, ferroviarias, vigilancia de fronteras, detección de incendios forestales o reconocimiento de los lugares afectados por catástrofes naturales para dirigir las ayudas adecuadamente”.

Además, la diputada de La Izquierda Plural apunta que, según afirma la propia AESA, “en España no está permitido el uso de drones para aplicaciones civiles (para uso militar existe una normativa que permite su operación exclusivamente en espacio aéreo segregado)".