Impulsado por el grupo de CiU, el escrito presentado pide explicaciones sobre la propia ley, los reales decretos que la desarrollan, su calendario de implantación y la forma de financiación prevista.

En este sentido, el portavoz de CiU en la Cámara Alta, Josep Lluís Cleries, señaló que “el Gobierno debe comparecer porque se intenta desplegar una ley sin dotación económica”.

“Los presupuestos no contemplan ni un solo euro para su desarrollo”, prosiguió, con lo que su aplicación “caerá sobre los hombros de las comunidades autónomas, para que la paguen los demás”.

Según Cleries, “se trata de una norma ideológica, predemocrática y recentralizadora y una clara invasión competencial, que vacía de contenido los Estatutos de Autonomía".

La Lomce “quiere convertir el catalán en una lengua residual y romper un modelo de éxito" como el de la inmersión lingüística, un modelo de convivencia y de cohesión social", concluyó Cleries.