Para la plataforma de la discapacidad, “ha llegado el momento de que, mediante una ley estatal, se aseguren unos parámetros iguales de atención a todos los ciudadanos que precisen apoyos para su inclusión social”.

Según el Cermi, es “un contrasentido que un Estado moderno como el español carezca absolutamente de competencias en materia de garantía de derechos y servicios sociales, y que sólo sean las comunidades autónomas las que tengan potestad en estas cuestiones”.

“Para los grupos vulnerables y en riesgo de exclusión, como el de las personas con discapacidad y sus familias, es preferible un sistema de garantía de derechos sociales de ámbito estatal, que asegure unos resultados de atención y apoyos, que 19 sistemas distintos, diversos y dispersos, que acentúan las desigualdades por razón de dónde se resida”, afirma la plataforma en una nota.

A juicio del Cermi, “la actual Constitución ampara al Estado para dictar una ley de estas características, tanto a través de las competencias en la esfera de Seguridad Social, como respecto a la garantía de unas condiciones básicas de igualdad de todos los españoles”.

Asimismo, indica que “la desposesión actual del Gobierno central en materia de regulación de derechos sociales debilita las posibilidades de inclusión de los grupos en riesgo de exclusión”, por lo que considera necesario “un marco garantista estatal de derechos subjetivos que favorezcan la inclusión social”.

Agrega que durante estos años de “competencias exclusivas” de las comunidades autónomas, “los servicios sociales no están garantizados y no alcanzan el rango de derechos” y, para el Cermi, “este déficit tiene que ser atacado mediante una norma estatal que establezca unos mínimos iguales para toda España”.

En las próximas semanas el Cermi organizará una jornada de trabajo, dedicada a analizar si es posible y deseable una ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales.