Según explica el Ejecutivo, la aprobación del real decreto responde a la exigencia de incorporación al derecho español de una directiva europea relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras.

La nueva norma aprobada no supone la introducción de ningún tipo de tasa ni nuevo peaje por la utilización de la Red de Carreteras del Estado.

Tampoco supone la revisión de los contratos de concesión de autopistas existentes, ya que los criterios para la determinación de los peajes no son exigibles para aquellas concesiones que ya se encuentren en funcionamiento.