La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta reforma "las autoridades públicas, funcionarios y profesionales que conozcan casos de abusos a menores están obligados a denunciarlos ante el Ministerio Fiscal, puesto que, si no lo hacen, incurrirían en un delito de omisión". Con esta normativa se hubieran evitado casos como el del colegio religioso Valdeluz, de Madrid, en el que durante años se produjeron presuntamente casos de abusos sexuales.

Otra de las novedades que presenta esta reforma es que ninguna persona que haya sido condenada por delitos contra la libertad sexual o explotación de menores pueda acceder a profesiones que conlleven un contacto habitual con los niños.

Asimismo, se establece la posibilidad de que el juez prohíba a los agresores de menores que se aproximen a él, a su domicilio o centro educativo, así como la comunicación, de manera que éste no pueda tener contacto visual, escrito o verbal con el niño.

Para los menores que sufren violencia de género, la reforma establece que se procurará que estos niños permanezcan con sus madres, independientemente de la edad.

"El 65% de las mujeres maltratadas tienen hijos menores y de este porcentaje el 54% asegura que sus hijos han sufrido maltrato. En 2012, un total de 3.191 menores fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual", precisó Mato, unos datos que las ONG que trabajan con la infancia consideran que no reflejan toda la realidad y son la punta del iceberg del problema.

La redacción de la reforma contempla evitar “la victimización secundaria” del menor, de modo que si es testigo o víctima en un proceso judicial, no tenga que repetir testimonio ante diferentes instancias judiciales. Se garantizará en todo momento que sea asistido por expertos en desarrollo infantil.

ADOPCION Y ACOGIMIENTO

Ana Mato también se refirió a las novedades en materia de adopción y acogimiento y recalcó que en el caso de los niños abandonados uno de objetivos de la reforma pasa por mantener al menor en la familia de origen, y si esto no es posible, por buscar la mejor familia para cada niño.

Además, se simplifica la constitución del acogimiento, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar.

Las familias acogedoras recibirán valoraciones para su idoneidad, al igual que sucede con las adoptantes.

Se distinguen varios tipos de acogimiento familiar: de urgencia (para menores de 6 años con una duración no superior a 6 meses), temporal, con una duración máxima de dos años, y permanente.

Será preceptiva la elaboración de un Plan Individual de atención una vez entre el menor en el sistema de protección de las administraciones, el cual se revisará cada tres, seis o doce meses en función de la edad del niño o la niña.

Otras novedades son la adopción abierta, o la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica, en lo que el juez contará con el visto bueno de la familia de procedencia, de la adoptiva y del propio menor.

También el derecho de acceso a los orígenes de los niños adoptados, lo que podrán cursar una vez alcanzada la mayoría de edad o antes por medio de sus representantes. Podrán, en suma, conocer datos como la identidad de sus padres, su historia médica o la de su familia. Para ello, las entidades públicas asegurarán la conservación de la información que dispongan durante al menos 50 años.