En la actualidad hay 35.000 niños bajo tutela y guardia del Estado, de los cuales 21.000 viven con familias en régimen de acogimiento y el resto en instituciones de la Administración.

Los dos anteproyectos en los que han trabajado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Justicia, junto con las Comunidades y las ONG dedicadas a la Infancia, durante casi un año plantean una regulación estatal más completa de las situaciones de riesgo y desamparo en la que puedan encontrarse los menores.

Así, por ejemplo, los anteproyectos especificarán los criterios de selección de las denominadas 'familias de urgencia', dispuestas a acoger a niños abandonados, así como el estatuto del acogedor familiar, es decir, el conjunto de derechos y deberes de estas personas.

También se facilitará la gestión administrativa del acogimiento familiar, al prescindir de la intervención judicial para el procedimiento. Asimismo, se contempla la creación de redes de apoyo tanto para la familia biológica del menor, como para la que lo acoge.

Además, la llamada "guardia voluntaria" se limitará a dos años. Se trata de la figura medianta la cual los padres biológicos ceden voluntariamente la guarda de sus hijos, que pasan a ser acogidos, ante situaciones graves que lo justifiquen.

Transcurrido ese plazo, el menor deberá regresar con sus padres o será dictada una nueva medida de protección permanente. Con esta medida se pretende evitar que se hagan crónicas situaciones de guardas voluntarias en las que los padres ceden el cuidado de sus hijos a las administraciones públicas 'sine die'.

Por ello, se considerará que existe desamparo cuando, transcurrido el plazo de guardia voluntaria, sus responsables legales, encontrándose en condiciones de hacerse cargo del menor, no quieran asumirlo.

En cuanto a la adopción, se agilizará el procedimiento estableciendo la guarda con fines de adopción para evitar que el menor tenga que permanecer mientras duran los trámites en un orfanato. Otra novedad es que las familias que hayan 'devuelto' un niño adoptado no puedan optar a una nueva adopción.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha declarado en numerosas ocasiones que uno de sus objetivos es "agilizar el procedimiento para la adopción de menores nacionales" para que ningún menor de tres años en situación de desamparo tenga que pasar por un centro residencial, sino que se integre en una familia.