Valiente dijo que con esta iniciativa se "quiere hacer cumplir con el derecho internacional y el derecho interno español después de los reiterados informes de Naciones Unidas en el sentido de la necesidad de abordar la memoria democrática por parte de todas las administraciones en España".

Asimismo, añadió, persigue “cerrar heridas frente al discurso falso de que avanzar en la reparación a las víctimas es escarbar en el pasado, pues lo que se pretende con esta ley es precisamente lo contrario, que los familiares puedan identificar a sus desaparecidos y que los que sufrieron la represión del franquismo puedan ver resarcida esa situación injusta”.

Manifestó igualmente que también se busca “avanzar en la identidad democrática necesaria en nuestro país que tiene que partir, por lo que supuso de negativo el franquismo, de la ruptura de la experiencia democrática que fue la República y ese anhelo en el que se puede basar un proyecto común de España en este momento”.

En el texto se indica que la Consejería de Justicia procederá a la "localización de fosas comunes así como a la identificación y, en su caso, la exhumación de los restos humanos que contengan, atendiendo a un rigor científico, la máxima garantía de preservación de los derechos tanto de las víctimas como de sus familiares".

Además, se creará un Instituto de Memoria Democrática que elaborará un censo de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista con los datos aportados por las familias de las víctimas junto con los obtenidos por los estudios científicos.

Este censo se configura como un registro administrativo de carácter público.

La Comunidad de Madrid en colaboración, si procede, con otras administraciones u organismos, elaborará los mapas en los que han de figurar las áreas del territorio de Madrid en las cuales se localiza o se presume que pueden localizarse los restos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Finalmente, se considerará Lugar de Memoria Democrática de Madrid aquellos espacios geográficos (naturales, rurales o urbanos) o arquitectónicos en los que se hayan desarrollado hechos vinculados con la represión y la violencia sobre la población en la Guerra Civil o la dictadura y se creará un catálogo con estos lugares.

Valiente vaticinó que el PP votará en contra de que se tramite esta iniciativa, “porque no quieren oír hablar de la memoria democrática”.