Así lo adelantó a Servimedia el presidente de AMAL, Luis Vega, quien señaló que las demás organizaciones promotoras de esta marcha estudian sumarse al recurso, en el que denunciará que sus “derechos de expresión y de reunión han sido vulnerados por motivos religiosos y políticos”.

Según Vega, la decisión de prohibir esta marcha “ha sido política”, al igual que el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la avala, puesto que se trata de un acto pacífico que no implica ningún problema de orden público.

“Lo que ocurre es que en semana santa, la libertad de expresión y de reunión quedan en suspenso en este país ante las demandas de los católicos”, declaró.

Vega reiteró que acatarán la decisión de la Justicia para que “no nos digan”, y que convocarán una nueva manifestación a finales de mayo.

En esta volverán a denunciar la vulneración de los derechos de manifestación y de expresión; reclamarán la gestión pública de la mezquita de córdoba y criticarán las inmatriculaciones de la Iglesia católica, que “se ha apoderado de unos 5.000 bienes de titularidad pública”, concluyó.