Así se expresa la Cumbre Social en un comunicado en el que analiza este tratado que afecta a más de 800 millones de consumidores y que se está llevando a cabo, según esta organización sindical y social, sin ninguna transparencia, sin diálogo con los interlocutores sociales, y sin ningún informe de impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo y sobre la agricultura.

Según la Cumbre Social, el acuerdo no busca la eliminación de aranceles y sí la supresión de regulaciones que suponen un obstáculo para el comercio.

Por ello, advierte de que “con este tratado se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones” que “supone un choque frontal con la democracia”.

También denuncia los posibles impactos de este tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria que afectan directamente a los consumidores lo que podría causar problemas de salud.