Así lo han señalado en nota de prensa las organizaciones FIAB, Aecoc, Anged, ACES, Asedas, CEC, FEHR, Fehrcarem y Cooperativas Agro-Alimentarias, que instaron al Ejecutivo a que la reforma fiscal se dirija a “reanimar” el consumo interno “claramente debilitado”.

Las organizaciones abogaron por la ampliación de la base impositiva aumentando, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal, para incrementar la recaudación, en lugar de una subida o creación de figuras impositivas.

De hecho, el sector del gran consumo advirtió ya de que una subida o reclasificación del IVA “coartaría” el consumo y haría que el 98% de los consumidores redujera su consumo, según estudios de las organizaciones.

Pasar de un IVA reducido de un 10% a un 21% supondría un gasto anual adicional de unos 600 euros, la destrucción de más de 155.000 empleos y una pérdida de ingresos de entre 2.183 y 3.000 millones.

De esta forma, las organizaciones aseguraron están “totalmente alineadas” con la opinión expresada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al respecto de no subir el IVA ni reclasificar los productos con un impuesto reducido, y dijeron compartir la necesidad de reducir las cotizaciones sociales y el IRPF, tal y como propone el informe elaborado por el comité de expertos.

En su opinión, el Gobierno “debe defender ante Europa los esfuerzos y ajustes que ya ha hecho todo el conjunto de la sociedad española” y el empresariado, así como la “imposibilidad” de seguir incrementando los impuestos indirectos “sin poner en riesgo el consumo y la creación de empleo”.