En nota de prensa, la organización sindical denuncia que este cambio “imposibilitará en la práctica la correcta supervisión de los puestos de trabajo en ámbitos tan sensibles como la detección de situaciones de riesgo, acoso, seguridad en los accesos, situaciones de emergencia, adaptación de los centros a personas discapacitadas o las agresiones a empleados públicos, cada vez más presentes”.

Según CSI-F, estos cambios ya han sido trasladados a las organizaciones sindicales y “se harán efectivos por la vía del decreto a lo largo de los próximos días”.

Para el sindicato, esta medida “elevará a corto y medio plazo los niveles de siniestralidad entre los empleados públicos”, mientras que “no dará respuesta a uno de los riesgos más graves en la prevención que actualmente existe en los denominados puntos calientes, las oficinas de atención al público, y es el de las agresiones físicas y verbales”.