Según el Ejecutivo, la reforma busca mejorar la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola, a través del reconocimiento de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la potenciación de su diversificación económica.

El proyecto también supone un paso al frente en la lucha contra la pesca ilegal, cuyo marco jurídico se refuerza significativamente. Paralelamente aporta simplificación y modernización administrativa en ámbitos como los registros de buques pesqueros o en el procedimiento sancionador en materia de pesca marítima.

Asimismo, el Gobierno apuesta por dinamizar las zonas costeras y dependientes de la pesca, impulsando la generación de riqueza y empleo gracias al desarrollo de actividades complementarias a la actividad puramente pesquera, realizadas por profesionales del sector.

Para ello, se introduce un nuevo capítulo en la Ley de Pesca Marítima del Estado, dedicado a la diversificación económica del sector, en el que destaca la potenciación del turismo pesquero o marinero y del turismo acuícola, es decir, de un producto turístico generado en torno a la cultura marinera de los mares y costas.

Finalmente, se desarrolla y regula en particular, una de las actividades más relevantes y novedosas de este ámbito como es la 'pesca-turismo', consistente en la experiencia turística de embarcarse a bordo de buques pesqueros con profesionales del sector.