El Consejo de Gobierno aprobó hoy un gasto de 42.393.505 euros para el segundo semestre del 2014, la segunda aportación que realiza el Ejecutivo regional para ayudar a las familias más desfavorecidas de la región durante este año, tras la primera aportación realizada en diciembre del año pasado.

“Las familias madrileñas más vulnerables y desfavorecidas, que carecen de recursos económicos, tendrán garantizada la prestación con el pago de las nóminas gracias a esta inversión”, afirmó Victoria, quien destacó que “Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que garantiza la percepción de manera indefinida a las familias que acrediten los requisitos establecidos en la RMI”.

Afirmó que el dinero destinado a la RMI crece un 3,5% respecto a 2013, hasta alcanzar más de 84,7 millones de euros, de la que se espera se beneficien más de 20.000 familias en 2014. Actualmente, 18.707 familias perciben esta renta en la región.

Asimismo, informó de que la Comunidad de Madrid ha dado de baja 3.605 prestaciones de la RMI por pérdida de los requisitos legalmente establecidos en 2013.

Las nuevas medidas aplicadas el año pasado por el Gobierno regional, tras la modificación de la Ley de la RMI que establece una mayor interconexión entre los derechos establecidos en la misma, ha permitido un mayor control en el seguimiento de la prestación económica.

Explicó que la Consejería de Asuntos Sociales ha tomado todas estas medidas antifraude para actuar ante cualquier irregularidad. A su juicio, la actual situación de crisis económica y de desempleo ha motivado el incremento de familias preceptoras de la Renta Mínima de Inserción.

Por eso, añadió, se reforzaron el año pasado los mecanismos de seguimiento y control para garantizar que la prestación sea percibida sólo por aquellas familias que mantienen los requisitos legalmente establecidos.

Dijo que la Consejería de Asuntos Sociales detectó irregularidades al requerir la comparecencia personal del perceptor de la RMI, sobre todo de aquellas unidades familiares que no residan de manera efectiva en la región.

Otra modificación que permitió un mayor control en el seguimiento de la prestación fue incorporar la obligación de que los titulares de la RMI buscasen activamente un empleo, no rechazasen injustificadamente una oferta de empleo o causasen baja voluntaria en su trabajo.

Además, como requisito fundamental, los perceptores de la RMI tienen que tener escolarizados a los menores en edad de escolarización obligatoria, y suscribir el compromiso de formalizar el preceptivo programa individual de inserción.

También existe la posibilidad de suspensión temporal de la prestación por incumplimiento de obligaciones y compromisos, así como de extinción por incumplimiento reiterado de las mismas, medida que se considera adecuada, por entender que los titulares de la RMI tienen que realizar los esfuerzos razonables para salir de su situación.