Gallardón se refirió a este asunto en el Pleno del Congreso, donde el diputado del PNV Emilio Olabarria le preguntó por “el destino de los 300 millones de euros recaudados” por Justicia en tasas judiciales y si se ha destinado este dinero, como se dijo, a sufragar los abogados de oficio o justicia gratuita.

El ministro explicó que, en 2013, se recaudaron por tasas judiciales 316 millones de euros. Añadió que este dinero se ha destinado a sufragar “los coste de la Administración de Justicia y de, forma muy especial, los incrementos” de gasto que se han producido al extenderse la justicia gratuita a colectivos como las víctimas del terrorismo o las mujeres maltratadas.

En este sentido, el responsable de Justicia dijo que, legalmente, el dinero por tasas no hay obligación de destinarlo sólo a los abogados de oficio, pero aseguró que el Gobierno está comprometido con las comunidades autónomas para que sufraguen este servicio.

A este respecto, explicó que, al haberse extendido los beneficiarios de la justicia gratuita, el Ejecutivo central ayudará a las comunidades por este gasto extra “hasta un límite razonable”. Explicó que esto se concreta en que se pagará a las autonomías por hasta “tres veces la desviación media” del gasto que haya en justicia gratuita en las cinco comunidades donde la competencia judicial es todavía del Estado.

Por su parte, Olabarria acusó a Gallardón de no haber dicho la “verdad” sobre que las tasas judiciales se iban a destinar a justicia gratuita, puesto que, según su información, a Gobiernos regionales y otras instancias todavía no les había llegado “ni un solo euro” por este concepto.