Este expediente se abrió el pasado 29 de julio de 2013 contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp por una posible conducta anticompetitiva consistente en la coordinación entre los operadores de productos petrolíferos en materia de precios, clientes y condiciones comerciales y en el intercambio de información comercial sensible, en los mercados de distribución de combustible de automoción.

En base a la documentación que consta en el expediente, obtenida durante la instrucción del mismo, el regulador considera ahora que existen “indicios racionales” de la participación en dichas supuestas prácticas prohibidas por parte de BP España.

Las conductas analizadas tienen origen en unas actuaciones iniciadas de oficio y en el marco de las cuales se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de cinco de las entidades mencionada en mayo y julio de 2013, así como en la asociación principal del sector.

No obstante, la ampliación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente por la CNMC.