Según Manos Limpias, el juez Grande Marlaska habría cometido este delito al convocar al Pleno de la Sala de lo Penal "sin siquiera esperar a recibir la notificación oficial del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos" que anulaba la 'doctrina Parot'.

La querella de esta organización estimaba que Marlaska, que tambíén es vocal del Consejo General del Poder Judicial, se atribuyó así unas competencias que no le correspondían, dictando, a la vez, autos de excarcelación de Inés Del Río y Juan Manuel Piriz, dos etarras que había recurrido contra la aplicación de dicha doctrina.

El Supremo entiende que el delito de prevaricación consiste en adoptar una resolución judicial injusta a sabiendas de que lo es, pero señala que como los fundamentos jurídicos de la resolución adoptada por el pleno convocado por Marlaska no fueron injustos, porque coincidían con el criterio dictado por el propio Tribunal Supremo, no hubo delito.