Así consta en el protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas. Según informó el Gobierno, este protocolo fue elaborado por el comité de expertos sobre el funcionamiento de los convenios europeos en el ámbito penal al detectar algunas dificultades con las que se venían encontrando en la aplicación del citado convenio.

Otra dificultad que subsana afecta a los expulsados o deportados. Cuando un condenado haya sido objeto de una medida de este tipo a petición del Estado de condena, el Estado donde la cumpla podrá dar su conformidad para su traslado sin el consentimiento de la persona afectada. El Estado de cumplimiento únicamente dará su conformidad después de haber tomado en consideración la opinión de la persona condenada.

El protocolo dice perseguir la rehabilitación social de los extranjeros condenados, al darles la posibilidad de cumplir las condenas en sus propios países. Se trata así de que las dificultades de comunicación, las barreras del lenguaje y la privación del contacto con familiares no afecten negativamente a su situación como condenados.