El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, que esta modificación legal pretende dar a los jueces “instrumentos” para ser más rápidos en sus resoluciones, ya que lo que actualmente falla es “el sistema”, puesto que no está ideado para el siglo XXI.

Gallardón indicó que el anteproyecto presentado, que será sometido a informes antes de ser enviado al Parlamento, no introduce “remiendos” en el sistema judicial español, sino que diseña “uno nuevo”, con la idea de que los tribunales sean más ágiles en dictar sus sentencias.

Entre las novedades de la reforma está la reorganización de los tribunales a través de la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia, al tiempo que se pretende reducir la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Supremo. Este tribunal establecerá cada tres meses la jurisprudencia en función de su relevancia y la misma será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

PRUEBAS DE EXCELENCIA

Otras mejoras que se introducirán son que los asuntos de especial trascendencia, entre ellos los que se juzgan en la Audiencia Nacional, pasarán a ser instruidos por colegios de tres jueces para incrementar la seguridad jurídica.

Además, se crean y se potencian las pruebas de excelencia y especialización para los miembros de la carrera judicial, con lo que se pretende contribuir a mejorar la calidad de la Justicia. Gallardón destacó que, a pesar de las modificaciones previstas, se mantendrán todas las sedes judiciales de España para optimizar los recursos de la Justicia.

Asimismo, el anteproyecto contempla que los juzgados de paz, que desparecen como tales, se convertirán en puntos de acceso a los terminales de los Registros Civiles. La reforma también incluye que el mes de agosto será hábil para las actuaciones cuya demora pueda causar perjuicios irreparables.

El Gobierno también destaca entre las mejoras que se potencia la función de los secretarios judiciales, que pasarán a denominarse letrados de la Administración de Justicia, como directores de la oficina judicial.

CONSULTA PREVIA

La futura organización del Poder Judicial también incluirá aspectos como un sistema de consulta prejudicial que abre una vía de diálogo entre los jueces y el Supremo. Este tribunal resolverá el recurso de revisión que se pueda interponer para el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se declare una vulneración de derecho.

A este respecto, en caso de prisión provisional no seguida de condena, la ley adopta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, mantiene la posibilidad de reclamar una indemnización en los supuestos de absolución o sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado.

Además, se añade que, en caso de que la prisión provisional fuera adoptada de forma manifiestamente errónea o desproporcionada, atendidas las circunstancias de ese momento se podrá acudir al procedimiento de responsabilidad por error judicial.

Como novedades también figuran la ampliación de los supuestos de acceso a la casación en materia contenciosa y se reestructura el recurso de casación en materia civil.