El Gobierno del país escandinavo señala que, independientemente de las recomendaciones que se presenten el próximo otoño, el fondo de pensiones seguirá siendo “un inversor financiero mundial bien diversificado y no una herramienta política”, según se expone en un comunicado.

En este sentido, el objetivo de la gestión del fondo es maximizar su poder de compra internacional a largo plazo, que se basa en la premisa de garantizar la igualdad entre las generaciones y el ahorro para el futuro gasto público, y de evitar el sobrecalentamiento de la economía doméstica. Así, se pone de manifiesto que es un inversor transparente y previsible.

En el mandato que el Ministerio de Hacienda ha dado el gerente de operaciones, que es el Banco Central de Noruega, figuran estipulaciones que incluyen disposiciones sobre los riesgos, los instrumentos financieros, la responsabilidad, la propiedad activa y la necesidad de informar. Así el Banco Central debe integrar las consideraciones medioambientales en la gestión del fondo.

Otra limitación autoimpuesta de las inversiones son las Directrices para la Observación y la Exclusión de Empresas del universo inversor. Esto implica que el Fondo no invertirá en empresas que producen ciertos productos o son responsables de las graves violaciones de estas normas éticas. En el primer grupo se encuentra la producción de armas que violan los derechos humanos. Entre los segundos están las empresas responsables de violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas, así como las que estén inmersas en casos de corrupción y daños medioambientales graves.