"O a reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, especialmente los dedicados a la integración social y profesional, a la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, a las personas desempleadas, a los miembros de comunidades desfavorecidas u otros grupos que de algún modo están socialmente marginados", prosigue la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia.

Además, la propuesta aboga por apoyar la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública y por abreviar la transposición al derecho interno de dicha directiva, cuyo plazo máximo de transposición se fija en dos años a partir de su publicación.

Del mismo modo, apuesta por impulsar medidas concretas para facilitar el acceso de las pymes y de las organizaciones sociales a los contratos públicos y por tomar medidas específicas para impulsar la I+D+i en los contratos públicos.

La Izquierda Plural explica en la exposición de motivos de

la proposición no de ley que la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública obliga a los Estados miembros a revisar y modernizar las normas vigentes sobre contratación pública.

En particular, la directiva considera que determinadas categorías de servicios -en concreto los servicios que son conocidos como servicios a la persona, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos- siguen teniendo, por su propia naturaleza, una dimensión transfronteriza limitada.

La iniciativa explica que esos servicios se prestan en un contexto particular que varía mucho de un Estado miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones culturales, por lo que, señala, "debe establecerse un régimen específico para los contratos públicos relativos a estos servicios".

"Conviene destacar", apunta La Izquierda Plural, que la directiva europea insiste en que "el empleo y la ocupación contribuyen a la integración en la sociedad y son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos".

En este contexto, argumenta el grupo parlamentario, los talleres protegidos pueden desempeñar "un importante papel", al igual que otras empresas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas con discapacidad o desfavorecidas.

Sin embargo, añade, en condiciones normales de competencia, estos talleres o empresas pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, finaliza La Izquierda Plural su argumentación, disponer "que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido".