Este debate estaba previsto inicialmente para el pasado 22 de diciembre, pero se aplazó después de que la mayoría de los grupos parlamentarios presentaran un escrito de queja a la Mesa de la Cámara Baja.

En el escrito alegaron, entre otras cosas, que se habían detectado “errores graves” en la publicación de las más de 600 enmiendas al citado proyecto de ley, así como en el informe de la ponencia y su anexo. Los distintos grupos parlamentarios debatirán y votarán las más de 600 enmiendas al articulado que se han presentado a este proyecto.

Una vez que la Comisión Constitucional elabore su dictamen con la incorporación al proyecto de las enmiendas que se aprueben, no será necesaria una nueva votación en Pleno, sino que el texto pasará al Senado.

En caso de que la Cámara Alta no acuerde ninguna modificación, la ley quedará definitivamente aprobada, pero si veta el proyecto o aprueba alguna enmienda, el texto volverá al Congreso para que, en su caso, levante el veto, y decida si ratifica o rechaza las enmiendas al articulado incorporadas por el Senado.

La tramitación parlamentaria de este proyecto de ley comenzó el pasado 3 de diciembre, cuando el Pleno del Congreso rechazó las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (ERC-IU-ICV).

PRINCIPIOS MÍNIMOS

La Ley General de la Comunicación Audiovisual se presenta como norma básica no sólo para el sector privado sino también para el público y fija los principios mínimos que debe cumplir la presencia de organismos públicos prestadores del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos.

En su exposición de motivos, el Gobierno explica que estos principios están inspirados en la normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiación pública compatible con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, control independiente a través de organismos reguladores y garantía y protección de derechos. Según el Ejecutivo, la norma aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa.