GNI es una organización que agrupa a empresas del sector de la tecnología de la información y comunicación, organizaciones sociales, inversores y expertos del sector académico con el objetivo de garantizar la protección de datos y la libertad de expresión.

Precisamente, de acuerdo con el documento dado a conocer este miércoles, este tipo de prácticas de petición de datos suponen una amenaza a la privacidad y la libertad de expresión.

Además, consideran que los gobiernos que ejercen este “control virtual” sobre las comunicaciones digitales de los usuarios extranjeros tienen la obligación de respetar sus derechos a la privacidad en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en sus siglas en inglés).

Las administraciones públicas deben comprometerse con áreas más específicas con el objetivo de incrementar la transparencia sobre una consulta con los distintos grupos de interés. En este sentido, también se afirma que el aumento de transparencia es un elemento esencial para garantizar que las prácticas de vigilancia de las comunicaciones digitales están en consonancia con las normas sobre derechos humanos.

Con el objetivo de generar y mantener la confianza, los gobiernos y las empresas deben contar con normas tan específicas como sea posible sobre las limitaciones legales a la divulgación de las prácticas de vigilancia, que deben ser comunicadas debidamente tanto a los usuarios como al público en general.