Así lo han señalado en nota de prensa las organizaciones FIAB, Aecoc, Anged, ACES, Asedas, CEC, FEHR, Fehrcarem y Cooperativas Agro-Alimentarias, que alertaron sobre el “efecto devastador” que tendría la propuesta de los expertos sobre los presupuestos de las familias y el conjunto del consumo.

Las organizaciones aseguraron que el 98% de los consumidores reduciría su consumo en caso de subirse el IVA, según una encuesta elaborada por el sector, especialmente los consumidores de entre 25 y 34 años, que recortarían su gasto en todos los sectores, salvo en transporte y alimentación.

El paso de un tipo reducido de un 10 a un 21% afectaría a casi el 65% del gasto total en alimentación e implicaría un gasto adicional de casi 600 euros al mes por familia.

Además, añadieron las organizaciones, de producirse este escenario se podría llegar a registrar una caída de la producción de entre el 4,3% y el 6,2%, unos 22.904 millones, y destruiría 155.000 empleos.

Con la subida del IVA se verían afectados los productos de alimentación y el conjunto de la cesta de la compra, así como los productos y servicios no considerados de primera necesidad. Estos son la droguería e higiene, equipamiento del hogar, ropa, calzado, electrónica, juguetes, alimentación fuera del hogar y bebidas con contenido alcohólico.

CAEN LAS VENTAS MINORISTAS

De esta forma, recordaron que en enero las ventas minoristas cayeron un 0,3%, y en febrero un 0,4%, por lo que subrayaron la necesidad de impulsar medidas que permitan reactivar la demanda.

No obstante, valoraron la opinión expresada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de no subir ni reclasificar el IVA e instaron al Gobierno a defender ante Europa la “imposibilidad” de seguir aumentando los impuestos indirectos.

La propuesta de las organizaciones pasa por establecer una reforma fiscal que fomente la actividad empresarial y reanime el consumo interno, a través de la ampliación de la base impositiva, y la aplicación de medidas contra el fraude fiscal.

“No es permisible que nuestro país tenga que soportar un porcentaje de fraude equivalente al 25% del PIB”, criticaron los sectores de la industria, distribución, comercio, hostelería y restauración, cuya facturación global asciende a 370.000 millones, más del 20% del PIB nacional, y generan más de cinco millones de empleos.