Bajo el lema ‘Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva’, se celebrarán actos en numerosas ciudades de todas las comunidades autónomas dentro de esta campaña, organizada por Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras y Entreculturas, quien asume la coordinación de la misma, que cuenta además con la adhesión de más de 50 organizaciones españolas.

“En el mundo, 93 millones de niños y niñas tienen algún tipo de discapacidad, lo que supone menos posibilidades de finalizar sus estudios y una de las causas de marginación y exclusión en la educación”, alertan los organizadores de la iniciativa.

Además, recuerdan que en países como Burkina Faso tener una discapacidad aumenta en dos veces y media el riesgo de que niños y niñas no vayan al colegio, y en Nepal el 85% de los niños y niñas no escolarizados tienen algún tipo de discapacidad.

“En demasiadas ocasiones, la población infantil con necesidades educativas especiales es la gran olvidada a la hora de reclamar el derecho a la educación. Forman el colectivo más marginado y excluido de la educación. Esta desigualdad se acentúa en países de renta media y baja. Se reconoce además que las mujeres y niñas con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de una doble exclusión”, denuncian los organizadores de la campaña.

PETICIONES A LAS AUTORIDADES

Para los organizadores de los actos de la semana que viene, “los sistemas inclusivos de calidad, basados en un enfoque de derechos, no pueden seguir siendo un asunto marginal en las políticas educativas, sino que deben ser centrales para la consecución de una educación de calidad para todas las personas”.

Por eso, la Campaña Mundial por la Educación pide a nivel internacional que se creen marcos legales para eliminar barreras legislativas que impiden a las personas con discapacidad acceder a sistemas educativos, y exigen también que se construyan aulas y escuelas accesibles para todos. Además, se pide también que se asegure la existencia de suficientes docentes con formación apropiada.

Asimismo, las organizaciones que participan en la campaña creen que la comunidad internacional debe llevar a cabo su compromiso de invertir al menos un 0,7% del PIB en cooperación y realinear la Ayuda Oficial al Desarrollo para comprometer al menos un 8% de ella a educación básica, petición que hacen extensiva al Gobierno de España.