Homs expuso las conclusiones de este informe en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, expresando por un lado su "inquietud" ante el precedente que sienta el TC al "judicializar" una declaración política como la que aprobó el Parlamento catalán en enero de 2013. En su opinión, los argumentos que esgrime el Tribunal para pronunciarse sobre la misma son "muy forzados" y "contradictorios".

Por otro, el portavoz del Govern subrayó que la sentencia avala el "derecho a decidir" en términos teóricos y la capacidad de los poderes públicos de impulsar iniciativas contrarias a la letra de la Carta Magna, dentro de la idea de democracia militante que él mismo ha manifestado en otras ocasiones que tiene de la misma.

Esto, a su modo de ver, es "un adelanto" que antes no tenía el Gobierno catalán, y que apoya su convicción de que tiene suficiente autoridad para convocar una consulta.

Así, Homs admitió que el derecho de autodeterminación no puede ejercerse dentro de la Constitución, pero cree que una consulta sin efectos jurídicos sí que podría llevarse a cabo, "siempre que no se confunda con un referéndum de autodeterminación", en base a la competencia exclusiva de convocar consultas que una ley española como el Estatuto de Autonomía catalán otorga a la Generalitat.

No quiso adelantar si el Gobierno central impugnará la futura Ley de consultas que apruebe Cataluña, pero en cualquier caso piensa que el TC da la razón al Ejecutivo catalán en que la cuestión es política y no jurídica.

GOBIERNO "EN ENTREDICHO"

En suma, Homs considera que "queda en entredicho" el empeño del Gobierno español en arrogarse la capacidad de decretar "lo que se puede hacer y lo que no", puesto que muchas de las pretensiones del recurso que interpuso contra la Declaración "han quedado diluidas como un terrón de azúcar".

A preguntas de los periodistas, el portavoz del Govern recordó que el referéndum para entrar en la OTAN tampoco era vinculante pero se consideró que su resultado obligaba al poder político a seguirlo (para él, primero la consulta y luego la negociación con el Gobierno central es "la lógica de las cosas").

También insistió en el compromiso del Ejecutivo autonómico con la fecha del 9 de noviembre y en que el proceso es "inexorable" y "no tiene vuelta atrás", y descartó que se vayan a cambiar las preguntas para hacerlas de acuerdo con lo admitido por el marco jurídico.

A otras preguntas, Homs dijo que las palabras del arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, en el funeral de Adolfo Suárez advirtiendo de riesgos de guerra civil son "desafortunadas" y están muy lejos de la idea asentada en la sociedad catalana de que el proceso soberanista es perfectamente democrático.

En el mismo sentido rechazó las comparaciones entre el caso de Cataluña y el de Crimea, ironizando que, si él fuera el Gobierno español, "elegiría otras estrategias" para deslegitimarlo.