La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional asegura en la sentencia hecha pública hoy que ETA “aprovechó” la tregua “para reclutar, adiestrar y rearmar sus comandos creando estructuras estables”.

Egües ha sido condenada a 126 años de cárcel, Apaolaza a 123 años, Rubenach a 120 años y Palacios a 129 años de prisión. La Sección Segunda de lo Penal les ha encontrado culpables de un delito de atentado con resultado de muerte, tres asesinatos en grado de tentativa, así como delitos de robo de vehículo y falsedad documental.

El tribunal, presididos por Concepción Espejel, ha condenado además a Javier Abaunza a seis años de prisión por prestar apoyo logístico al comando.

Los magistrados, además de las penas de cárcel, han condenado a Egües, Apaolaza, Rubenach y Palacios a indemnizar de forma solidaria con 300.500 euros a la viuda de teniente coronel y con 150.000 euros a cada uno de sus dos hijos.

La sentencia dictada hoy ha contando con el voto particular de la magistrada Clara Eugenia Bayarri, quien considera que se deberían haber atenuado las penas de los etarras por dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar hace 14 años.

FINAL DE LA TREGUA

El atentado tuvo lugar sobre las 8.10 horas del 21 de enero de 2000, en periodo de precampaña electoral. Los etarras colocaron un coche-bomba con entre ocho y diez kilos de explosivo en la confluencia de las calles Pizarra y Virgen del Puerto de Madrid.

Los terroristas accionaron a distancia el explosivo al paso de Blanco García, quien caminaba por la calle hacia el lugar en el que habitualmente quedaba con un general del Ejército para ir juntos hasta el Cuartel General del Ejército en Madrid. La explosión provocó la muerte del teniente coronel e hirió de gravedad a otras tres personas, entre ellas una niña de 13 años.

Unos minutos más tarde, a unos 500 metros del lugar de los hechos, explosionó un segundo coche, en concreto otro vehículo utilizado por los etarras para llevar a cabo la acción terrorista. Esta deflagración no causó heridos.

Los condenados eran miembros del 'comando Buruhauste', que operaba en Madrid, y estaban a las órdenes de los dirigente etarras Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica y Javier García Gaztelu, alias “Txapote”. El atentado fue reivindicado por ETA mediante un comunicado publicado en el diario 'Gara' el 8 de marzo de 2000.

El asesinato significó el final de la tregua declarada por ETA en septiembre 1998. “Durante ese periodo la organización aprovechó para reclutar, adiestrar y rearmar sus comandos creando estructuras estables”, subrayan los magistrados en su sentencia.

MATRÍCULA DELATORA

La condena de los terroristas se han sustentado en varias pruebas, entre ellas las declaraciones de varios testigos que reconocieron a los etarras, así como los objetos hallados en los pisos utilizados por el comando en Madrid y en Salamanca, como DNI falsos o la matrícula del coche-bomba utilizado en el asesinato.

En la vivienda de Salamanca “fueron identificadas un gran número de huellas dactilares: 75 de Juan Luis Rubenach, 16 de Egües, cuatro de Apaolaza, tres de Abaunza y una de Palacios.