El sindicato señaló en un comunicado que “ante esta situación, el Gobierno español no puede seguir guardando silencio y sin adoptar medidas para proteger a la población trabajadora española que migra a otros países de la Unión Europea”.

Para UGT, el informe que estudia el Gobierno de Angela Merkel está redactado en términos muy duros para la migración procedente de los países de la Unión y plantea una serie de propuestas que se mueven en los límites dados por la legislación europea.

“Las continuas referencias a lo largo del informe al fraude, el abuso del derecho a la libre circulación, e incluso comportamientos delictivos, sirven para terminar proponiendo una limitación ya no solo a la residencia cuando, según los expertos, no existan expectativas de encontrar un empleo, sino también al acceso a determinadas prestaciones, o a la prohibición de volver a entrar en el país, una vez que se ha sido expulsado”, afirma UGT. “Todo ello poniendo como excusa un aparente abuso del derecho a la libre circulación que lleva a los ciudadanos de otros Estados miembros a ingresar en este país, solo para aprovecharse de las prestaciones”.