Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno, donde expresó su "más absoluta repulsa y condena por los hechos violentos en que derivaron las manifestaciones del pasado sábado", que "han causado graves daños personales y materiales y menoscabado la imagen de nuestra ciudad".

En concreto, los materiales los cuantificó en 166.000 euros, a los cuales se añadirían los 405.592 que costó el despliegue del dispositivo de Seguridad y Emergencias y los 89.655 del de limpieza: más de 655.000 euros que, recalcó, "han salido del bolsillo de todos los contribuyentes". Posteriormente comentó a Servimedia su parecer de que esos gastos deberían sufragarlos los organizadores de la manifestación si no se puede identificar a los responsables directos.

Botella también manifestó su "solidaridad" con los agentes de Policía que fueron "agredidos y, en algunos casos, gravemente heridos", y su apoyo a los empresarios "cuyos negocios fueron objeto de la extrema violencia con que actuaron estos grupos radicales de izquierda".

El portavoz del Gobierno municipal y delegado de Seguridad y Emergencias, José Enrique Núñez, precisó que el número de policías municipales heridos ha sido de 17, dos de ellos graves: por una luxación en el hombro y por un fuerte golpe en la rótula.

También aseguró que la colaboración entre Policía Municipal y Nacional fue "máxima", como siempre, siempre partiendo de que la primera tiene unidad de contención de masas pero no de antidisturbios, y rechazó que algunos sindicatos policiales pidan la dimisión del director general de Seguridad del Ayuntamiento, toda vez que no tiene competencias operativas.

Calificando de "inadmisible que al amparo de un derecho fundamental se pretenda romper la convivencia", la alcadesa rechazó que "el espacio público de todos" sea "ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan". Por dos veces repitió que "los derechos de todos no pueden ser vulnerados sistemáticamente en nombre de la libertad de unos pocos".

Por todo ello, sin cuestionar el derecho de manifestación, la alcaldesa cree que "urge tomar medidas" y que no se puede "retrasar más" el diálogo entre fuerzas políticas y administraciones para alumbrar una regulación que lleve las concentraciones fuera del centro de la ciudad. Según recordó, así se hace en París.

A preguntas de los periodistas, aseguró que "no hay que modificar ninguna ley" y que el itinerario se determinaría caso por caso, puesto que así se tramitan ya las comunicaciones de protestas a la Delegación del Gobierno y se autorizan tácitamente una a una.