En concreto, está previsto que la banca española tendrá que abonar entre 5.500 y 8.250 millones de euros, esto supone entre un 10% y un 15% del total del Fondo Único de Resolución, dotado con 55.000 millones y financiado con las aportaciones de las entidades de toda la zona euro.

De esta forma, las aportaciones actuales de las entidades españolas al Fondo de Garantía de Depósitos se encuentran “bastante en la línea” con las que tendrán que efectuar a dicho fondo y al nuevo establecido dentro del proceso de unión bancaria, según explicaron este viernes fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.

No obstante, la aportación definitiva quedará fijada en función de un nuevo coeficiente de riesgo que valuará la Unión Europea en los próximos meses. “No habrá un riesgo país, sino un riesgo banco a banco”, afirmaron dichas fuentes.

Las aportaciones al Fondo Único de Resolución se realizarán en un plazo de 8 años desde su propia constitución, y aunque en un principio existirán compartimentos nacionales dentro del fondo, se realizará una mutualización progresiva de las aportaciones hasta alcanzar el 100%.

El calendario de mutualización fija un 40% para el primer año, un 20% para el segundo, y una mutualización del 40% restante en cuotas iguales durante los seis años restantes.

Por el momento, las normas que se aplican actualmente a la hora de resolver una institución serán las mismas que hasta la fecha, y desde el 1 de enero de 2015 las entidades deberán realizar sus contribuciones al fondo de resolución, que se revertirán a partir de 2016, cuando estará operativo.

Así, durante 2015, en caso de producirse un rescate, los gobiernos nacionales pagarán el 60% de los fondos públicos necesarios, y el Mecanismo Único de Resolución (MUR) el restante 40%.

En 2016, los gobiernos aportarían el 40% de los fondos públicos, y el MUR el 60%, y los seis años siguientes la mutualización tendrá lugar en cuotas iguales hasta alcanzar el 100%.

“DOBLE CHEQUEO”

Con la aprobación del MUR y del fondo de resolución, los accionistas y acreedores de la entidad en resolución serán los primeros que deberán asumir un porcentaje adecuado de las pérdidas, sino fuera suficiente, se recurrirá al fondo único, y en último término a las ayudas públicas.

El mecanismo de resolución único prevé la aprobación de rescate de una entidad en un plazo ordinario de 24 horas, de forma que, si el Banco Central Europeo (BCE) o la Junta Única de Resolución consideran que una entidad debe entrar en resolución, la junta elaborará una propuesta que se remitirá a la Comisión Europea.

Una vez recibida, la Comisión y el Consejo dispondrán de un día para aceptar la propuesta o realizar modificaciones, que la Junta tendría que incorporar al esquema en 8 horas.

Este “doble chequeo” ha sido diseñado para “evitar potenciales conflictos” de intereses entre errores de supervisión y lanzamiento de resolución, al tiempo que las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros, dotados con “gran independencia”.

Además, “ningún banco va a quedar fuera de la órbita del mecanismo único de resolución”, ya que si se precisa la inyección de algún tipo de ayuda pública a entidades que no estén supervisadas por el BCE o sean transfronterizas, el visto bueno final lo tendrá que dar el MUR.

Ante la fase final del proceso de unión bancaria, fuentes del departamento de Luis de Guindos destacaron que con el nuevo mecanismo y la constitución del fondo de resolución se hará “casi imposible” que los contribuyentes asuman el coste del rescate de una entidad, como sucedió con la nacionalizada Bankia, entre otras.

De igual forma, subrayaron la contribución de la unión bancaria a la relajación de la prima de riesgo y a que el coste de financiación del sector financiero se haya visto reducido “muy sustancialmente”.