Ybarra contestó la tesis de la alcaldesa en relación a que las cámaras harán que los turistas se sientan más protegidos y a que se impulsará la actividad comercial, recordando que en 2005 se pusieron las primeras videocámaras en Lavapiés y en Montera y “la sensación de seguridad no ha aumentado en esas calles para nada”.

El gobierno municipal, dijo, no ha facilitado a la oposición ningún informe de resultados de la puesta en marcha de estas cámaras, ni tampoco ha presentado dato alguno en la Junta de Centro o en los Consejos de Seguridad.

Ybarra subrayó que “estos aparatos no van a desconectarse durante las manifestaciones”, de lo que deduce que “las ponen para controlar a quienes participan en estas protestas, control que, de no cumplirse las garantías constitucionales, puede llegar a ser considerado contrario al Estado de Derecho”.