La asociación destaca la existencia de oligopolios en la oferta de servicios básicos, por lo que estima necesaria la regulación de precios “máximos”.

Asimismo, recomienda la adopción de medidas para fomentar el control y sanción del fraude por parte de los Estados, así como un mayor protagonismo del Parlamento Europeo para ejecutar proyectos en energías renovables, telecomunicaciones o en el acceso a la vivienda, entre otros ámbitos.

Además, considera que “los derechos de los consumidores deben condicionar el funcionamiento de los mercados y no al revés”, al tiempo que denuncia un “gran desequilibrio” entre la presencia de grupos de presión empresariales y asociaciones de consumidores.

También solicita a la Unión Europea que “redoble esfuerzos” para avanzar en la seguridad y transparencia de los alimentos y otros productos, por lo que critica que las asociaciones de consumidores “queden excluidas de los circuitos de alerta”.