Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de la Consejería, que indicaron que “nadie” del departamento acudirá a la reunión, dado su absoluto rechazo a la norma del Gobierno central.

Según el borrador que hoy se debate, aquellas familias que en alguna comunidad autónoma con lengua cooficial deseen que sus hijos tengan el castellano como lengua vehicular y no vean satisfecha su demanda en la red pública o concertada, podrán inscribirlos en centros privados que sí ofrezcan dicha posibilidad.

Serán las familias las que adelanten el pago de la matrícula, un dinero que más tarde les rembolsará el Ministerio y que, posteriormente, este detraerá al Gobierno regional a través de la financiación autonómica.

En numerosas ocasiones, el Ejecutivo catalán ha repetido que la Lomce rompe su modelo de inmersión lingüística y que supone una clara invasión de las competencias autonómicas, del Estatut y de la Ley de Educación catalana. De hecho, Cataluña es una de las cinco comunidades que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

También sostiene que son muy pocas familias las que rechazan la oferta académica de Cataluña, cuyo modelo es garantía de “cohesión social e integración en el territorio”.