Según el borrador, aquellas familias que en alguna comunidad autónoma con lengua cooficial deseen que sus hijos tengan el castellano como lengua vehicular y no vean satisfecha su demanda en la red pública o concertada, podrán inscribirlos en centros privados que sí ofrezcan dicha posibilidad.

Serán la comunidades las que adelanten el pago de la matrícula, un dinero que más tarde les rembolsará el ministerio y que, posteriormente, este detraerá al Gobierno regional a través de la financiación autonómica.

De acuerdo con el texto que hoy se debatirá en la Conferencia Sectorial de Educación, el cambio de normativa en la práctica solo implica consecuencias para el sistema educativo catalán, ya que ninguna otra comunidad ha optado por modelos de inmersión.

El borrador propone que el Ministerio disponga de seis meses para aprobar o denegar las solicitudes de abono de la matrícula, mientras que la comunidad autónoma afectada podrá presentar alegaciones y aportar información sobre su oferta educativa.

Se considerarán conceptos justificables las tasas de matriculación en el centro privado y otros gastos asociados como el transporte, el comedor o el internado si fuese preciso.

ANTICATALÁN

La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, considera que esta norma rompe el modelo de inmersión lingüística catalán y que supone una clara invasión de las competencias autonómicas, del Estatut y de la Ley de Educación Catalana. De hecho, Cataluña es una de las cinco comunidades que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce.

Rigau también sostiene que son muy pocas familias las que rechazan la oferta académica de Cataluña, cuyo modelo garantiza, asegura, la cohesión social. De ahí su crítica a la ley, que califica de “recentralizadora” y de dirigirse “específicamente contra Cataluña” a través de la disposición adicional 38.

Por su parte, desde el Ministerio subrayan que su intención no es atacar el modelo de inmersión lingüística catalán, sino garantizar el derecho de los padres y de los hijos a ser escolarizados en la lengua cooficial que elijan.

Su propuesta rechaza la atención individualizada y la separación de los estudiantes en grupos en función de la lengua. No obstante, si la comunidad asegura la escolarización en castellano podrá revocarse el abono.