En concreto, la propuesta elaborada por este comité apuesta por reducir las cotizaciones sociales en la parte empresarial y destinar parte de la recaudación por IVA a compensar a la Seguridad Social.

El informe apunta que en una situación “ideal” de suficiencia fiscal y de solvencia de la Seguridad Social se propondría simplemente una reducción de las cotizaciones sociales, pero admite que “la situación de elevado déficit público no permite a la comisión formular responsablemente una propuesta semejante”.

De esta forma, apunta que esa reducción de cotizaciones sólo se podría llevar a cabo con un incremento de otros impuestos, “en particular de los indirectos o medioambientales”. Esta medida implicaría también una revisión de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incorporar otras vías que garanticen su sostenibilidad.

Según los expertos, la opción “más sencilla” sería transferir de manera “automática e irreversible” varios puntos de recaudación por IVA a la Seguridad Social, aunque advierte de que es una alternativa “legal e institucionalmente compleja”.

También apunta que, si se opta por esta posibilidad, en vez de incrementar el tipo general del IVA, se deberían pasar a este nivel “muchos” bienes y servicios que están exentos o tienen un tipo reducido.

Así, defiende que los efectos negativos sobre la demanda interna que tendría una subida del IVA se verían “más que compensados” por los efectos positivos de la reducción de cotizaciones en el empleo.

La otra opción sería la de “sacar” de la Seguridad Social algunas partidas de gasto que tengan un componente contributivo menor, como las pensiones de orfandad o viudedad, que pasarían a ser financiadas mediante impuestos ordinarios.

Los expertos insisten en que es “necesario” que “cualquier propuesta concreta de reducción de cuotas vaya acompañada de medidas simultáneas y equivalentes para restablecer el equilibrio del sistema”.

Independientemente de la opción elegida, el comité advierte de que sería “crucial” que las empresas no reaccionasen a esta medida incrementando los márgenes empresariales, ya que “esa conducta eliminaría toda la ganancia de competitividad pretendida”.

En cualquier caso, el informe insiste en que “la reducción de las cotizaciones sociales financiada con un incremento del IVA resulta muy aconsejable para una economía de la Unión Monetaria Europea que, como la española, tenga especiales problemas de empleo”.

PENSIONES

Por otro lado, subrayan que hay que “mejorar la contributividad” del sistema de prestaciones de la Seguridad Social, ligando muy directamente el importe de las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la vida laboral con las pensiones y demás prestaciones que deben percibirse en su momento.

El grupo de expertos aboga también por la transformación del actual sistema de cotizaciones sociales por bases tarifadas por categorías profesionales, a un “auténtico impuesto sobre nóminas”, algo que, en su opinión, “sería relativamente simple”. Este cambio se complementaría con la reducción de los tipos de gravamen, que también deberían disminuir en número y con un reparto de la carga “más equilibrado” entre trabajadores y empresas.

Los expertos hacen hincapié en que esta transformación debería realizarse con “estrictas condiciones de neutralidad recaudatoria”, para no “agravar” el peso de las cotizaciones sociales sobre el empleo. De hecho, apuntan que este modelo “atenuaría” el efecto “perturbador” que actualmente tienen las cotizaciones sociales sobre el empleo.

Asimismo, sostienen que los nuevos tipos de gravamen deben tener una recaudación global “equivalente” a la actual, pero reduciendo el número actual de tipos, estableciendo las contingencias cubiertas en cada caso y reduciendo su presión sobre el empleo de más baja retribución y menos cualificado.

Además, defienden que la gestión del nuevo sistema debe realizarse desde una administración unificada con la tributaria y con declaraciones y procedimientos comunes.

13% DEL PIB

Los expertos recuerdan que la importancia recaudatoria de las cotizaciones sociales es “muy elevada”, alcanzando más de 133.000 millones de euros en 2012, lo que representa más del 13% del PIB, “la cifra más elevada obtenida por cualquier figura de nuestro sistema impositivo”.

Así, advierten de que las cotizaciones sociales “no son más que un impuesto que recae directamente sobre el trabajo” y que tiene “unos efectos económicos cruciales a efectos de ocupación y del empleo de la economía española”. De esta forma, añaden que son un “impuesto imperfecto” sobre las nóminas que pueden tener un efecto “muy negativo” en el empleo.

En este sentido, el informe critica que el tipo de cotización en España es casi cinco puntos superior a la media europea, mientras que el tipo de gravamen a cargo de los trabajadores es “el tercero más bajo de Europa”. Así, afirman que “la carga de la financiación de la Seguridad Social recae sobre las empresas de una forma excesiva”.

Además, afirman que deberían “limitarse” las exenciones y bonificaciones en las cotizaciones y “centrarlas” en las contrataciones de colectivos “muy bien definidos y especialmente desfavorecidos a los que resulte difícil ayudar con políticas activas de empleo”.

No obstante, el grupo de expertos plantea que posiblemente sería “aconsejable” retrasar la llamada ‘devaluación fiscal y económica’ a “momentos de mayor estabilidad fiscal” y para cuando el impuesto sobre nóminas estrechamente relacionado con el IRPF “esté ya en pleno funcionamiento”.