La norma salió adelante por 184 votos a favor, 112 en contra y 21 abstenciones. PSOE y La Izquierda Plural se opusieron a la norma; PNV, UPyD y CiU se abstuvieron, y sólo la mayoría del PP junto a Coalición Canaria, UPN y Foro respaldaron la medida. Además, el Pleno rechazó la tramitación del texto como proyecto de ley.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fue la encargada de defender la norma desde la tribuna, y afirmó que la tarifa plana es un “impulso adicional” para que la creación de empleo que “se va a producir sea de mayor calidad y estabilidad”.

De esta manera, aseguró que es una medida “ambiciosa y valiente” para “afianzar una salida de la crisis con bases más solidas”, algo que se consigue con empleo estable.

Desde las filas del PSOE, la diputada Concepción Gutiérrez mostró el rechazo de su grupo a una medida que consideran una “improvisación”, que “no crea empleo, es regresiva y se olvida de los parados”.

Además, la diputada socialista señaló que es una iniciativa “inútil, injusta” y que tiene “efectos perversos de rotación en el empleo”, para agregar que supone una “gran transferencia de recursos desde los más débiles, los pensionistas, a los poderosos”.

El diputado de CiU Carles Campuzano llamó la atención sobre la imposibilidad de evaluar si la medida será útil, para añadir que es una iniciativa “más política de escaparte que real”.

Para La Izquierda Plural, según el diputado del grupo Joan Coscubiela, el problema que tienen las empresas no es el coste laboral y sí la falta de crédito. Además, señaló que se ha demostrado que los contratos incentivados no consiguen impulsar la creación de empleo. Desde las filas de UPyD, Álvaro Anchuelo apuntó que con este decreto el Gobierno quiere “abordar la precariedad”, algo que “tenemos por sus propias políticas”.

Según el diputado del PNV Emilio Olabarría, esta medida “estrella” del Gobierno para crear empleo estable, algo de lo que él tiene “dudas”, puede que al final lo que consiga es que se “estrelle la sostenibilidad del sistema público de pensiones”.

Entre los miembros del Grupo Mixto, Joan Baldoví (Compromís) afirmó que es una tarifa plana de “mentirijilla”, para Olaia Fernández Dávila (BNG) es una “medida trampa”, Sabino Cuadra (Amaiur) dijo que es un “atraco a mano armada a los bolsillos de los pensionistas” y Joan Tardà (ERC) acusó al Gobierno de “echar mano de lo poco que queda” en la Seguridad Social para transferirlo a grandes empresas.

Por último intervino la diputada del PP Carmen Álvarez-Arenas, quien criticó la actitud del PSOE de “todo es malo”, y defendió la propuesta del Gobierno. Además, la diputada apuntó que los populares ven como “esperanza”, pero “sin euforia”, que están siendo “positivos” los últimos indicadores de crecimiento económico y empleo.