El sindicato, en concreto, ha recurrido la decisión del instructor del caso, el juez Pablo Ruz, de imponerles una fianza de 45.000 euros para poder ejercer la acusación. El recurso, presentado esta mañana y al que ha tenido acceso Servimedia, pide a la Sala de lo Penal que le retire la fianza o que, en su caso, se rebaje su cuantía. “Como es público y notorio, el sindicato Manos Limpias es una entidad que carece de ánimo de lucro y que no percibe subvención alguna”, afirma el recurso.

La querella de Manos Limpias, además de contra el expresidente del Barça Sandro Rosell, quien ya se encuentra encausado, se dirige contra el actual presidente, Josep María Bartomeu; contra el vicepresidente económico del club, Javier Faus; y contra el padre del jugador, Neymar Da Silva Santos. Si Manos Limpias lograse finalmente personarse, Bartomeu, Faus y el padre de Neymar serían imputados en el caso.

El recurso afirma que Ruz no debería haberles exigido una fianza, ya que el caso ya se encuentra abierto y Manos Limpias se personaría por lo tanto en un “procedimiento ya incoado”. La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el fichaje del jugador brasileño tiene su origen en la querella interpuesta por el socio Jordi Cases contra el expresidente Rosell.

Manos Limpias explica en el recurso que su querella se dirige, además de contra Rosell, contra Bartomeu, Faus y el padre de Neymar porque, “según la documentación aportada a la causa”, serían las personas que “intervinieron y firmaron los contratos que son objeto de investigación”.

REBAJA DE LA FIANZA

El recurso pide a la Sala de lo Penal que, de no retirar la fianza, al menos rebaje su cuantía. Manos Limpias considera que los 45.000 euros exigidos por Ruz es un importe “desproporcionado”. “Impide a todas luces el ejercicio de la acción popular y, por ende, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, asegura el texto presentado hoy en la Audiencia Nacional.

Ruz decidió este martes dejar fuera del ‘caso Neymar’ a Manos Limpias después de que hubiese expirado el plazo de 10 días que el magistrado dio al sindicato para que abonase los 45.000 euros de fianza que le había impuesto.

El pasado 20 de febrero el juez de la Audiencia Nacional decidió imputar al FC Barcelona por la presunta comisión de un delito de fraude fiscal en el fichaje del jugador brasileño, al ver indicios de que el club habría ocultado el pago de 37.920.000 euros en la operación, con lo que habría defraudado 9.100.800 euros al fisco español.