Impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, la iniciativa apela a la necesidad de “facilitar la movilidad de aquellas personas que encuentran oportunidades de empleo o de formación fuera de nuestras fronteras”.

Fue aprobada con los votos a favor del PP, CiU, PNV y Foro Asturias, mientras que en la defensa de este texto, la diputada popular Águeda Fumero se mostró convencida de que “existe voluntad por parte de todos los grupos políticos” de cara a mejorar la eficiencia de las administraciones.

También señaló que se ha avanzado mucho en la agilización de este tipo de trámites, aunque insistió en que todos los títulos concedidos en España deben ser reconocidos en el extranjero y, para ello, Gobierno y universidades tienen que seguir trabajando.

En este sentido, señaló que hay que terminar con la limitación que implica interpretar de forma literal muchos convenios bilaterales en este terreno. Del mismo modo, las universidades tienen también un papel fundamental en esta tarea, en tanto que expiden los títulos, los expedientes académicos, las notas y las convalidaciones de créditos.

Fumero destacó los principios de “transparencia y eficacia en la gestión con que deben funcionar las administraciones públicas, y aseguró que la agilización de este proceso mejorará “la competitividad socioeconómica” de España.