Los jóvenes empresarios aseguran que esta medida supone "intervenir" en la libre gestión empresarial y representa una "intromisión de dudosa viabilidad", ya que, según explican, podría contradecir la normativa vigente en materia societaria recogida en la Ley de Sociedades de Capital.

A su juicio, esta medida "vulnera el principio de libertad de empresa avalado por la Constitución española al condicionar la toma de decisiones de los accionistas y partícipes de la empresa".

Asimismo, la confederación aseguró que la nueva normativa podría suponer un "perjuicio" y una "puerta abierta" a la morosidad por permitir ampliar los plazos de pago entre empresas si hay acuerdo entre ellas. En su opinión, esta circunstancia podría ser aprovechada por las grandes empresas que fijen estos acuerdos.

FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE CROWDFUNDING

Por otro lado, Ceaje lamentó que el Ejecutivo, a través del anteproyecto de ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, haya decidido limitar el ‘crowdfunding’ como método de financiación empresarial, puesto que lo considera una práctica "incipiente, en un momento emergente y que no cuenta con limitaciones de estas características en otros países donde ya está más consolidada".

Para la organización empresarial, el ‘crowdfunding’ ha demostrado ser una herramienta beneficiosa para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. "Acotarla puede ser perjudicial para su desarrollo, siendo una contradicción con el fomento de la financiación no bancaria que promueve el Gobierno por otro lado", indicaron desde Ceaje.

En el marco de este mismo anteproyecto de ley, los jóvenes empresarios valoraron positivamente el establecimiento de un sistema de preaviso por parte de las entidades bancarias para que las pymes puedan conocer, con al menos tres meses de antelación y por medio de un informe debidamente justificado, cuál es su situación crediticia en caso de no renovar la financiación.

En cuanto a la mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), Ceaje aseguró que la reforma planteada por el Gobierno es todavía "muy tibia", perdiendo la oportunidad de dotar definitivamente a estas sociedades "de la agilidad y eficiencia que les falta".