Así consta en una enmienda del PSOE a la proposición no de ley del PNV para el “cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita”. La enmienda fue rechazada por 170 votos en contra y 148 a favor.

El texto rechazado exigía al Gobierno que cumpliese la ley para “vincular la recaudación de las tasas judiciales con el sistema de justicia gratuita”.

En este sentido, exigía al Gobierno “librar, sin más demora, a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, la parte de la recaudación de las tasas judiciales correspondientes al peso que la justicia gratuita reviste en cada una de ellas hasta tanto no se derogue la ley” de tasas judiciales.

Durante el debate parlamentario, Emilio Olabarría (PNV) señaló que las comunidades autónomas con competencias transferidas “no han recibido un solo euro de lo recaudado por tasas” para atender al turno de oficio y financiar el servicio de justicia gratuita.

Por su parte, Antonio Camacho (PSOE) pidió al Gobierno que “deje de pisotear derechos que corresponden a los ciudadanos” y recordó que “todos los operadores jurídicos creen que ley atenta al derecho a la tutela judicial efectiva”.

Sin embargo, Beatriz Escudero (PP) lamentó que la oposición intentara “hacer un debate sobre la ya debatida y aprobada” y defendió que el PP tuvo que “tomar un gran número de medidas, muchas de ellas impopulares”, para hacer que el conjunto del sistema fuera “viable.

AUTÉNTICA BARRERA ECONÓMICA

Jordi Janè (CiU) señalo que el sistema de tasas, “en lugar de racionalizar el ejercicio de la función jurisdiccional, el acceso a la justicia, lo que ha hecho es entorpecer” el mismo. Añadió que la litigiosidad ha bajado, pero que lo ha hecho porque esas tasas son “una auténtica barrera económica” para muchos ciudadanos.

Por parte del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural intervino Gaspar Llamazares, que señaló que “la gran estafa del Gobierno” con las citadas tasas “no solamente ha disuadido de la mala utilización de la justicia, sino que ha desplomado la protección de los ciudadanos ante la justicia”.

Finalmente, Rosa Díez (UPyD) señaló que de no cumplirse con la ley, de la que no es partidaria, se demostraría que fue “un engaño” establecer que las tasas judiciales que se pusieran en marcha tuvieran como pretensión financiar la justicia gratuita.