Durante el debate parlamentario, Irene Lozano defendió la proposición no de ley de UPyD, a la que PP, PSOE y PNV presentaron enmiendas. Concluido el debate, los grupos negociaron el texto transaccional aprobado por 296 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones.

En ese texto transaccional aprobado, el Congreso insta al Gobierno a “condenar el uso de la violencia y la trágica pérdida de vidas humanas en Venezuela en las manifestaciones que han tenido lugar desde el mes de febrero”.

Asimismo, pide que reclame al Gobierno de ese país “el respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos, que comprometen a todos los regímenes democráticos” así como el cese de “cualquier forma de acoso a la oposición pacífica”.

También expresa su solidaridad con los ciudadanos de Venezuela y pide a su Gobierno que “garantice la libertad de expresión, asociación y manifestación, y que se permita a periodistas y profesionales de los medios de comunicación ejercer libremente su profesión”.

Además, llama a “promover un diálogo sincero entre todas las fuerzas políticas del país, que sea conducente a resolver los actuales problemas de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dentro del respeto a la institucionalidad democrática”.

Asimismo, insta al Gobierno a “pedir a todas las partes que muestren de forma clara en sus declaraciones y acciones su respeto al Estado de Derecho y al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de forma pacífica”.

Por último pide al Gobierno que suscriba el comunicado hecho público por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el pasado 17 de febrero, sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, en el que se pide que en todo momento se garantice el respeto a la ley, la información fidedigna y veraz, así como el pleno respeto de todos los derechos humanos”.

DEBATE

Durante el debate parlamentario, Lozano insistió en que Venezuela está “al borde del colapso” y a España se le está haciendo “un poco tarde” para definir una posición, hasta el punto de que resulta “bochornosa la inhibición permanente” del Gobierno español.

Aitor Esteban, del PNV, defendió su enmienda porque, pese a estar de acuerdo con la necesidad de un diálogo que supere la confrontación, pero alertó de la necesidad de “acertar” no solo en el contenido de la posición sino también en la forma.

Asimismo, Francisco González, del PSOE, se mostró partidario de huir de cualquier posición “maniquea” y de análisis “simplistas”, y de dejar de “repartir culpabilidades según nuestro interés político”. Pidió distinguir, por un lado, al Gobierno legítimo y a la oposición democrática, de quienes desde los extremos “ponen en cuestión la legitimidad” de ambos.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal advirtió de que la situación es “extremadamente compleja” y requiere una mirada “responsable, prudente y constructiva”. Por eso explicó que su grupo comparte la posición de fondo con UPyD pero defendió la enmienda por entender que el texto original carece de “elementos que consideramos esenciales”.

También el portavoz de CiU, Antoni Picó, explicó que comparte la preocupación por la situación en Venezuela pero mantenía “serias objeciones” respecto de las formas del texto presentado.

En nombre de La Izquierda Plural, Joan Josep Nuet subrayó que el golpe contra Hugo Chávez tuvo el “apoyo y la comprensión” de José María Aznar, y se preguntó si hoy ocurre lo mismo con UPyD respecto a Nicolás Maduro, al que señaló como objetivo de una “guerra económica” orquestada por grupos de oposición que especulan con productos básicos dentro de un patrón muy similar, aseguró, al de aquel otro episodio de violencia con el que se pretendía “justificar” el golpe contra Chávez.

Desde el Grupo Mixto, tanto el BNG como ERC y Amaiur se pronunciaron en el sentido de reclamar investigaciones sobre posibles violaciones de derechos fundamentales, pero subrayando la legitimidad del Gobierno de Venezuela frente a grupos que pretenden “desestabilizar”.