Durante el debate parlamentario, el diputado del grupo proponente, Gaspar Llamazares (IU) defendió una “reforma radical” de la figura del indulto, por entender que ha pasado de la discrecionalidad a la arbitrariedad.

Tras señalar que esta figura es una “herencia anacrónica del pasado”, Llamazares añadió que los ciudadanos “han visto con estupor” cómo se han otorgado indultos a exgolpistas y a funcionarios públicos corruptos “sin que se les mueva una ceja”.

No obstante, defendió que el indulto ha sido útil para personas que habiendo cometido delitos por culpa de la drogadicción han sido condenadas por aquel delito cuando ya habían superado ese pasado y se habían reinsertado. “Sigue siendo tiendo utilidad acotada a ciertas materias”, dijo.

Para La Izquierda Plural, el indulto se utiliza, cada vez en mayor porcentaje, “de manera perversa” y no para la finalidad para la que fue creado. Es una figura, dijo, “más vinculada a una suerte de justicia paralela” lo que, dijo, resulta “inaceptable”.

Por su parte, la diputada del PP Pilar Cortés (PP) señaló que “el Gobierno del PP se ha limitado a cumplir la ley, con la que se podrá estar más o menos de acuerdo” y manifestó que su partido tiene la impresión de que cuando gobierna él “comportamientos que son habituales con otros gobiernos”, al PP se le cuestiona.

“Este Gobierno no hace nada que no se haya hecho antes a la hora de conceder indultos”, dijo Cortés, quien criticó al PSOE que defienda ahora una reforma del indulto cuando en todos los años que gobernó no lo hizo.

MENSAJE CLARO

Para Julio Villarrubia, del PSOE, “es preciso trasladar un mensaje político y positivo a los ciudadanos de que gobierne quien gobierne, a partir de hoy, a partir de cuando se apruebe esta ley, no será posible indultar por delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliéndose del mismo”.

“Es decir, por delitos de corrupción que tanto daño hacen a nuestro sistema democrático”, defendió y abogó por dar luz verde a la tramitación de esta iniciativa de La Izquierda Plural para, en el posterior debate, “llegar a un denominador común”.

Montserrat Surroca (CiU) señaló que “es indisponible adaptar esta institución al nuevo modelo de Estado después de 144 años”, pues las exigencias de la sociedad actual “son bien distintas” a las que tenía la que había en 1870, cuando se creó la figura del indulto.

Rosa Díez (UPyD) defendió que “esta ley necesita un repaso a fondo”, pues el indulto “se ha convertido en un sistema arbitrario”, que no está fundamentado y no es público, y del que tampoco se da cuenta Parlamento y no tiene control jurisdiccional.

Emilio Olabarría (PNV) hizo hincapié en que “la opacidad es el problema” y aplaudió la propuesta para que se motive la concesión de esta medida de gracia y que se conozca quién es el peticionante de la misma, pues normalmente es solicitada por terceras personas por razones espurias.

SUMIDERO DE ERRORES JUDICIALES

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron ERC, BNG y Compromís-Equo. Joan Tardà (ERC) dijo que “la institución del indulto es más propia de otros tiempos, es una figura obsoleta y debería abolirse”, pues “se trata de una intromisión del poder político en el Poder Judicial inadmisible”, amén del “sumidero de los errores judiciales”

Olaia Fernández Dávila (BNG) tachó de “anómalo, contradictorio y anacrónico que se mantenga esta medida amplia y laxa”, cuando quien ejerce el Poder Judicial debe hacerlo dentro de un “estricto sistema jurídico”.

Joan Baldoví (Equo) defendió que “urge poner límites y garantías” a la figura del indulto porque, criticó, “cada vez que llega un nuevo Gobierno hay una fiesta del indulto para los amigos”.

El texto de La Izquierda Plural proponía, entre otras cosas, que queden “expresamente excluidos” del ámbito del indulto los delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de dinero, los societarios contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, lo de malversación y fraude, los de prevaricación urbanística y los ecológicos entre otros.

Además proponía que sea “exigible que, a juicio del Magistrado o Tribunal sentenciador, existan razones de justicia, equidad o utilidad pública para poder otorgar el indulto total o parcial”.