Para la Junta, "esta norma excede el sentido del principio de estabilidad presupuestaria" incorporado a la Constitución tras la reforma de su artículo 135, al incluir la deuda comercial de las administraciones con sus proveedores, y "vulnera los principios de autonomía financiera y de gestión de las comunidades".

Incluso, añade, la ley contraviene el citado artículo 135, que "establece como prioridad absoluta" el pago de la deuda pública, y la retención de recursos que prevé "genera una auténtica merma" a la capacidad de gestión de las comunidades, "al otorgarse prioridad al pago a proveedores sobre las obligaciones financieras relacionadas con la prestación de servicios públicos fundamentales".