Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer de origen saudí residente en España ante la Guardia Civil de Tarifa (Cádiz) por un posible delito de estafa.

La mujer alegó que había solicitado al falso letrado, creyendo que se trataba de un abogado de una conocida organización, tal y como se presentaba, trámites para la reagrupación familiar de un hermano suyo, y tras pagarle varias cantidades por sus servicios nunca efectuó ninguna gestión.

Las indagaciones condujeron a los investigadores de la Guardia Civil a la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, donde residía una persona de origen chileno y que era quien había puesto en contacto a la víctima saudí con el supuesto abogado.

No obstante, esta ciudadana chilena resultó también ser una de sus víctimas. Esta mujer pagó al falso abogado con efectos por valor de más de 5.000 euros, como comisión por unas gestiones que no realizó.

En concreto, la forma de pago fueron objetos de una tienda de segunda mano que regenta la vecina de Sant Boi, así como una furgoneta que el estafador trató de introducir en Marruecos.

Esta persona supo después de sufrir la estafa que el supuesto abogado había engañado a más inmigrantes extranjeros, quienes no denunciaban los hechos ante ningún cuerpo policial por miedo a ser deportados a sus países de origen.

Las pesquisas posteriores permitieron la localización, también en Sant Boi de Llobregat, de otra persona, miembro de una familia de origen marroquí afincada desde hace tiempo en España y que también había sido estafada al solicitar trámites de extranjería al falso letrado.

Los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona consiguieron localizar al presunto autor de estas estafas, procediendo a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial. No obstante, la investigación para dar con su paradero fue especialmente compleja, dado que, como medida de precaución, cambiaba con frecuencia de domicilio.