En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que “es una norma que nace para asegurar el futuro de las empresas, evitando situaciones de insolvencia y dotándolas de mayores instrumentos para potenciar la refinanciación y las propias reestructuraciones empresariales”.

En la misma línea, explicó que trata de “asegurar que el desendeudamiento de nuestras empresas vaya de la mano de un flujo de crédito positivo para los demandantes de financiación sanos”, algo que, según recordó Sáenz de Santamaría, es uno de los retos fijados por la Comisión Europea para España.

“Se trata de que las reglas que regulan los concursos de acreedores no supongan trabas en los procesos de refinanciación de empresas que si bien están endeudadas son perfectamente viables”, prosiguió.

Por ello, el decreto, que pasa ahora al Congreso de los diputados para que sea convalidado, contempla medidas para facilitar la celebración de acuerdos de refinanciación, para potenciar los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos y para la conversión de deuda en capital.