En rueda de prensa, el presidente de Seopan señaló que “se sigue trabajando con el Gobierno”, aunque agregó que “no hay una solución” decidida todavía, por lo que aún no está claro si las autopistas se van a liquidar o no.

Núñez se mostró confiando en que se pueda llegar a un acuerdo en “breve plazo”, y quiso dejar claro que este problema “va a costar mucho dinero a las empresas”. “En menos de un mes se debería tener la posición definitiva para solucionar este problema”, agregó.

Según Seopan, si se constituye una sociedad pública las aportaciones futuras de la Administración serán menores y tendrán un tratamiento “más favorable” en el déficit público.

En esta sociedad se incluirían nueve sociedades que gestionan 748 kilómetros de concesiones, el 22% de la red total de autopistas de peaje. Entre las vías que se incluirían en esta sociedad se encuentran las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-41, la AP-36, la AP-7 o la M-12.

La patronal recordó que las empresas ya han perdido el 100% de su capital, unos 1.800 millones de euros en términos nominales. A ello hay que sumar 67,7 millones en aportaciones a expropiaciones y unos 473 millones de inversión inicial en construcción en la red colateral libre de peaje por requerimiento de la Administración.

De esta manera, en total los accionistas han desembolsado 2.340,2 millones de euros en términos nominales, unos 3.491 en términos reales.

Por otra parte, la sociedad pública permitirá también evitar “importantes perjuicios” a las partes afectadas. Entre ellos, señaló Núñez, un enfrentamiento judicial entre las principales empresas del sector de infraestructuras y el Gobierno que duraría varios años y en el que las compañías reclamarían “todo” lo invertido.

El responsable de la organización subrayó que si no se crea la sociedad y van a los tribunales, las empresas reclamarían los 2.340,2 millones que han desembolsado en total y alguna cosa más.

A ello se une el cierre del mercado nacional a las inversiones en futuros proyectos de colaboración público-privada y el “daño” a la imagen de España, ante la inseguridad jurídica que puede crear la aprobación de medidas unilaterales retroactivas que perjudican las garantías de los financiadores.