En una providencia, los magistrados de la Sección Cuarta, presididos por Pedro Castellano, acordaron el reingreso en prisión del ‘kamikaze’ para el próximo 21 de marzo “a los efectos del cumplimiento de la pena impuesta y de los plazos acordados en la liquidación correspondiente”.

Asimismo, la sección se dirige a la Audiencia Provincial de Guadalajara con el propósito de que proceda a “dar cumplimiento a la pena privativa de libertad para Ramón Jorge Ríos Salgado tras la anulación del indulto concedido en su día”.

Los magistrados añaden que “en caso de no ingresar en el centro penitenciario en el mismo día, sin más trámite se acordará su detención y posterior ingreso en prisión por las Fuerzas de Seguridad del Estado”.

El Tribunal Supremo decidió anular el pasado 7 de noviembre el indulto concedido por el Gobierno al ‘kamikaze’ de Valencia porque no justificó adecuadamente la medida de gracia.

Este conductor fue condenado a 13 años de cárcel por provocar la muerte en 2003 de un joven automovilista, con el que chocó en la AP-7 en la provincia de Valencia, por donde el condenado iba en dirección contraria.

La Audiencia de Valencia le encontró culpable de delitos conducción con grave desprecio a la vida de los demás en concurso ideal con uno de homicidio, lesiones y daños.

La decisión de los 36 magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se dio a conocer el pasado 7 de noviembre.

En la sentencia, los jueces establecieron que “el Real Decreto no señala las razones de justicia, equidad o utilidad pública, exigidas por el legislador, y que han de ser determinantes del indulto”.

El Consejo de Ministros justificó en diciembre de 2012 el indulto señalando lo siguiente: "visto el expediente de indulto (...) en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros”.

La concesión del indulto en diciembre de 2012 generó un revuelo al conocerse que un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabajaba en el despacho de abogados que tramitó la petición de la medida de gracia.