El estudio, titulado 'La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia' y realizado por la asesoría jurídica de Feaps, advierte también de la existencia de situaciones de "indefensión jurídica" de los usuarios del sistema.

En la carta remitida a Mato con el informe, Feaps habla a la ministra de "la situación normativa existente en esta materia, en la que están impactando muchas de las medidas de austeridad que se están adoptando en España desde hace unos años".

Señala también la misiva "aquellas cuestiones susceptibles de contribuir al grave deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias y, a la consiguiente vulneración de sus derechos".

"Los resultados del informe son concluyentes", prosigue la carta, "y describen la situación generalizada de inseguridad jurídica e indefensión, además de una grave discriminación, de las personas en situación de dependencia por razón del territorio".

Esto supone, según la entidad, la vulneración del artículo 1 de la Ley de la Dependencia, cuyo objeto es la fijación de un contenido mínimo común del derecho para todo el territorio.

Además, se informa a la ministra de las propuestas de actuación hechas a las diferentes administraciones públicas implicadas en la aplicación del Sistema de Dependencia, recogidas en la parte final del informe, solicitándole su valoración, y en su caso, la promoción de estas medidas en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adscrito a su departamento.

En este sentido, Feaps dice ponerse a disposición del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, para concretar fórmulas "que eviten esta situación de grave deterioro que está afectando a gran parte" de los beneficiarios del sistema.