Portavoces de todos los grupos parlamentarios participaron en una jornada organizada en el Congreso de los Diputados por la Asociación Pro Derechos Humanos de España para analizar las consecuencias de esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En su intervención, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, anunció que el PSOE interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si el Gobierno mantiene los términos de la reforma aprobada ya por el Congreso de los Diputados y pendiente de tramitación en el Senado.

Después, Jordi Jané, portavoz de CiU, sentenció que defender la justicia universal es defender los derechos humanos en el mundo, y limitarla significa mermar la protección internacional de esos derechos.

Cerrar la puerta a la jurisdicción universal, sentenció, es cerrarla al valor superior de la Justicia “con mayúsculas” consagrado en la Constitución, y generará “espacios de impunidad”, según han denunciado los fiscales de la Audiencia Nacional. “No podemos mirar para otro lado”, aseguró.

Gaspar Llamazares, en nombre de La Izquierda Plural, denunció que esta reforma demuestra “la degradación del Estado de Derecho” hacia un “Estado de decreto” dentro del Parlamento y “de excepción” en las calles.

Se trata de una derogación “sumarísima” y además con carácter retroactivo que muestra la “sumisión de los derechos humanos a los intereses comerciales”, a una especie de “dictadura de los acreedores” por parte de un Gobierno que se comporta como “una Administración colonial”.

La prueba de la “chapuza”, aseguró, es la propia enmienda que el PP presentó a su reforma porque “se pasaron de frenada” y se dieron cuenta de que impedía perseguir incluso delitos comunes como el narcotráfico.

Además de presentar ese recurso, Llamazares llamó a la movilización social y reclamó un compromiso de todos los grupos de la oposición para derogar esa reforma cuando la mayoría parlamentaria lo permita.

Por UPyD, Irene Lozano alertó de que esa reforma hará del mundo “un lugar más cómodo” para genocidas, tiranos, mafiosos, corruptos o torturadores, y advirtió además de que sienta un precedente al mostrar que en España “dejamos que las tiranías dicten cómo se organiza el sistema jurídico”.

Mientras el mundo debate si China acepta estándares avanzados de respeto a los derechos humanos, denunció, España se decanta por lo contrario. Lozano pidió al PSOE que abra su recurso a otras formaciones aunque no lo necesite, para darle “mayor fuerza política”.

Subrayó también la necesidad de explicar este asunto a la opinión pública para que no cale la idea de que la única prioridad deben ser los problemas de los españoles. “El día que el Gobierno termine de conseguir que ese egoísmo se implante en toda la población y solo nos preocupemos de lo que pasa en España, habrán conseguido su útimo objetivo, y eso es lo que debemos evitar”, advirtió.

Emilio Olabarría, portavoz del PNV, tildó esta reforma de “fechoría parlamentaria” porque un proyecto del Gobierno no hubiera podido sortear los informes que la proposición del PP sí ha podido evitar, porque se aprobó mediante un “fraude” de Reglamento y porque el propio contenido es “fraudulento” por vulnerar la Constitución y los valores democráticos.

Ester Capella, senadora de ERC, en nombre del Grupo Mixto, subrayó que la jurisdicción universal es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática, y anunció que su Grupo vetará la reforma en el Senado.

Pese a su “escasa fe” en el Tribunal Constitucional, aseguró que no se opondrá a la interposición de toda acción que pretenda”dejar sin efecto” la reforma, y subrayó que su confianza está en que sean los tribunales internacionales los que “enmienden la plana” al Gobierno.