Según UGT, el borrador excluye del ámbito de la Ley 27/2011 de Actualización, Adecuación y Modernización del sistema de Seguridad Social a los estudiantes inmersos en dichos programas de formación, que gracias a esta norma habían quedado asimilados a los trabajadores por cuenta ajena en lo referente a su inclusión en el régimen general.

En su opinión, lo que la ley perseguía era que todos los universitarios en programas formativos quedasen protegidos por el sistema de la Seguridad Social, sin exigir ningún otro requisito.

Por eso, la excepción que plantea el borrador de Real Decreto “contradice este principio de la ley que lo desarrolla”, por lo que incurriría “en nulidad de pleno derecho”. El propósito del Gobierno es desnaturalizar la Ley 27/2011 y dejarla sin efecto, afirmó UGT.