El objetivo de este servicio es crear entre las personas en conflicto un marco de comunicación para ayudarles a gestionar la situación.

De esta manera, la mediación permite la minimización de los efectos negativos dentro de un conflicto familiar y, con ello, evitar los procedimientos judiciales de carácter contencioso, poner fin a los ya iniciados o reducir sus consecuencias generando acuerdos entre las partes.

La mediación familiar puede iniciarse de forma previa a un proceso judicial, durante o con posterioridad a la sentencia del juez.

También es posible acudir a un mediador cuando exista un conflicto familiar entre personas con cualquier grado de parentesco (entre hermanos mayores de edad, padres e hijos mayores de edad, etc.), para prevenir, simplificar o poner fin a un procedimiento judicial.

Castilla y León cuenta actualmente con 157 mediadores, todos ellos profesionales con titulación universitaria que disponen de una formación especializada en mediación familiar.

Para solicitar los servicios de estos especialistas, las familias interesadas deben inscribirse en los Departamentos Territoriales de Familia e Igualdad de Oportunidades de su provincia, ser residentes en Castilla y León y tener unos ingresos familiares inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) por cada miembro de la unidad familiar.